Juicio por YPF: el Gobierno ya se presentó en la Cámara de Apelaciones para frenar el fallo de Preska
Loretta Preska, la jueza de Estados Unidos, rechazó el pedido de la Argentina de suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre. Ante este panorama, desde el Gobierno aseguraron que ya se presentaron ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito para exigir una suspensión administrativa temporal de la orden.
Antes de enviar el escrito, desde el Ejecutivo aseguraron que había tres días para solicitar la anulación o aplazamiento de la entrega, ante este organismo norteamericano.
El objetivo de la Procuración del Tesoro es que el Segundo Circuito defina qué hacer con la transferencia de acciones y con la apelación que se realizó en contra de esa orden judicial.
Los argumentos de Loretta Preska para rechazar el pedido de la Argentina
La jueza de Nueva York pidió hace unas semanas la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la sentencia de US$16.100 millones que tiene la Argentina, en el juicio por la expropiación de la petrolera.
Y, aunque la Procuración pidió frenar la ejecución de la medida, la magistrada argumentó que rechazó la solicitud porque el país “sigue demorando y eludiendo sus obligaciones”.
En la resolución, la jueza agregó: “La República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales
La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su orden, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la Argentina a retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”, indicó Preska.
Juicio por YPF: el Gobierno ya se presentó en la Cámara de Apelaciones para frenar el fallo de Preska
La defensa de la Argentina busca evitar entrar en desacato, y por eso recurrió a la segunda instancia. La magistrada de Nueva York rechazó el pedido de suspender la entrega de acciones de la petrolera a los fondos buitre.
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Loretta Preska, la jueza de Estados Unidos, rechazó el pedido de la Argentina de suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre. Ante este panorama, desde el Gobierno aseguraron que ya se presentaron ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito para exigir una suspensión administrativa temporal de la orden.
Antes de enviar el escrito, desde el Ejecutivo aseguraron que había tres días para solicitar la anulación o aplazamiento de la entrega, ante este organismo norteamericano.
El objetivo de la Procuración del Tesoro es que el Segundo Circuito defina qué hacer con la transferencia de acciones y con la apelación que se realizó en contra de esa orden judicial.
Según pudo saber TN, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, se encuentra en Nueva York encabezando el litigio. “Continúa el suspenso y el trabajo a capa y espada”, sintetizaron desde el Ejecutivo.
Los argumentos de Loretta Preska para rechazar el pedido de la Argentina
La jueza de Nueva York pidió hace unas semanas la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de pago por la sentencia de US$16.100 millones que tiene la Argentina, en el juicio por la expropiación de la petrolera.
Y, aunque la Procuración pidió frenar la ejecución de la medida, la magistrada argumentó que rechazó la solicitud porque el país “sigue demorando y eludiendo sus obligaciones”.
En la resolución, la jueza agregó: “La República ha abusado de las concesiones del Tribunal y, por lo tanto, no se le otorgarán concesiones adicionales”.
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“La República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su orden, pero cualquier supuesto daño se deriva directamente de las propias acciones de la Argentina a retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”, indicó Preska.
El juicio por la expropiación de YPF
En 2023, la jueza Preska condenó a la Argentina. El fallo fue favorable para los fondos Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi. Ellos eran dueños del 25% de YPF al momento de la expropiación, en 2012.
El reclamo de estos fondos contra el Gobierno se basó en el incumplimiento del estatuto de la petrolera, que nacionalizó la participación Repsol en la compañía y le pagó con bonos. Sin embargo, no se comportó de la misma manera con el resto de los accionistas.