Milei avanza en la privatización de AySA y habilita los cortes de agua por falta de pago: otro paso hacia un modelo de exclusión
En medio de una crisis social creciente, el gobierno de Javier Milei volvió a recurrir al DNU como herramienta para imponer cambios estructurales de altísimo impacto en la vida cotidiana.
Esta vez, el blanco es el acceso al agua potable: con el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo autorizó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y dio luz verde a los cortes del servicio por falta de pago.
El nuevo marco regulatorio redefine por completo el servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), afectando a millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano.
En los hechos, la norma permite que la empresa deje de ser una compañía mayoritariamente estatal —como se había dispuesto en 2006, tras el fracaso de la privatización menemista— para pasar a manos del capital privado, en nombre de la “eficiencia”.
El decreto modifica el artículo 2° del Decreto 304/2006 y autoriza la venta total o parcial de las acciones que el Estado posee en AySA. Según el texto oficial, la medida responde al “deterioro operativo y financiero” de la empresa y a la “limitada capacidad estatal para sostener el servicio”, justificando así una salida que no fue debatida en el Congreso ni en ninguna instancia democrática previa.
Pero lo más alarmante es que el nuevo régimen habilita a la empresa a cortar el suministro de agua en caso de mora.
Es decir, ante una factura impaga, el acceso a un derecho humano esencial como el agua podrá ser suspendido. Se consagra, así, una lógica estrictamente mercantilista: quien no paga, no accede, sin importar su situación social, sanitaria o económica.
Los datos oficiales señalan que entre 2006 y 2023 el Estado nacional transfirió 13.400 millones de dólares a AySA, sin resolver los problemas estructurales del servicio.
Pero lejos de analizar alternativas de gestión pública más eficientes, el gobierno opta por el camino más rápido y más riesgoso: desentenderse. El traspaso al sector privado no solo implica perder control sobre un recurso estratégico, sino que abre la puerta a tarifazos, segmentaciones arbitrarias y criterios de rentabilidad por encima del bienestar.
La medida forma parte del paquete de reformas impulsado a través de la Ley Bases y el mega DNU, que ya declararon a AySA “sujeta a privatización”. Ahora, con este nuevo decreto, se profundiza ese rumbo y se sientan las bases para que el acceso al agua deje de ser una política pública y se convierta en un negocio más.
En tiempos donde la desigualdad se amplía, donde miles de familias deben elegir entre comer o pagar los servicios, el Gobierno decide poner el agua en manos privadas y castigar al que no puede pagar. El resultado está cantado: exclusión, desigualdad y retroceso.
Una vez más, Milei gobierna por decreto, sin diálogo, sin consenso y sin contemplar el impacto humano de sus decisiones. Y en ese camino, convierte derechos esenciales en privilegios de mercado.