🇺🇸 Golpe frustrado en Nueva York: la Justicia frena el intento de arrebatarle a la Argentina el control de YPF
Una victoria judicial parcial que preserva la soberanía energética y expone la hipocresía de quienes avalan el saqueo extranjero, desde Bolsonaro hasta sus aliados locales.
En una decisión que altera el tablero de la disputa judicial más costosa de la última década, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF mientras se tramita la apelación por el juicio de la estatización.
El fallo, dictado a pedido de los abogados del Estado argentino, detiene temporalmente la maniobra de los fondos buitres que buscaban tomar control accionario sin esperar el resultado definitivo del litigio.
La medida no es menor: preserva el paquete accionario que garantiza el control estatal de la principal petrolera del país y evita que se exijan garantías millonarias en dólares que hubieran implicado un golpe directo a las reservas del Banco Central. En términos prácticos, se gana tiempo, pero sobre todo se impide que un juez extranjero decida, de facto, sobre un recurso estratégico de todos los argentinos.
Este conflicto tiene raíces en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estatizó YPF tras acusar a la española Repsol de vaciar la compañía y frenar inversiones clave en Vaca Muerta. La operación fue respaldada por amplios sectores políticos y sindicales, pero también generó una ofensiva judicial impulsada por accionistas minoritarios —como el fondo Burford Capital— que compraron los derechos litigiosos y llevaron el caso a tribunales norteamericanos.
La jueza Preska falló a favor de los demandantes en 2023, imponiendo un resarcimiento que, con intereses, superaría los USD 16.000 millones.
Sin embargo, la Argentina apeló, argumentando que el juicio se basó en una interpretación errónea de las leyes locales y que la compensación es desproporcionada. La orden de Preska de embargar acciones antes de que la apelación concluya fue vista como un movimiento de presión política y financiera, ahora frenado por la Corte de Apelaciones.
Desde el oficialismo celebran la noticia como un alivio y un triunfo parcial, aunque advierten que la batalla está lejos de resolverse. La canciller Diana Mondino destacó que “el fallo preserva un activo estratégico” y que “la Argentina no cederá su soberanía energética”.
En este punto, la política internacional se mete de lleno. Mientras Brasil, bajo el liderazgo de Lula, respaldó en foros multilaterales la defensa de los recursos estratégicos de la región, el expresidente Jair Bolsonaro —fiel a su alineamiento con el capital extranjero— llegó a sugerir públicamente que empresas estatales “ineficientes” debían abrirse a la privatización total, incluso si eso implicaba entregarlas a capitales foráneos.
Una postura que recuerda, con precisión quirúrgica, a la de ciertos sectores en la Argentina que ven en YPF no un patrimonio nacional sino una “moneda de cambio” para congraciarse con intereses de afuera.
La suspensión de la medida cautelar representa, entonces, mucho más que un tecnicismo judicial. Es un recordatorio de que, incluso en un escenario de debilidad económica y presión de los mercados, todavía es posible frenar los intentos de desguazar el patrimonio público.
En un mundo donde líderes como Bolsonaro aplauden el saqueo disfrazado de inversión, esta resolución mantiene viva la posibilidad de que YPF siga siendo una herramienta para el desarrollo nacional, y no un botín más para los especuladores globales.
Por ahora, la petrolera sigue en manos argentinas. El juicio continúa, las presiones seguirán, y la pulseada definirá si el país conserva o pierde el control de una de sus llaves energéticas más importantes.
Lo que está en juego no son solo acciones: es la capacidad de decidir qué futuro queremos, y para quién.