El caso que incomoda al corazón del poder
El análisis de los teléfonos secuestrados en la causa de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) empieza a dejar un rastro oscuro.
Los fiscales confirmaron que en el aparato del exfuncionario Diego Spagnuolo había mensajes eliminados, mientras que otro de sus teléfonos directamente apareció roto.
No se trata de un detalle técnico: en cualquier investigación de corrupción, la destrucción de pruebas es casi una confesión silenciosa.
Lo que hasta hace poco eran audios filtrados hoy se refuerza con indicios de encubrimiento. Y cada pista parece conducir, directa o indirectamente, hacia el círculo más íntimo del presidente Javier Milei: su hermana Karina y los primos Menem, mencionados en las grabaciones como supuestos beneficiarios de los retornos.
Empresarios bajo sospecha
Los hermanos Kovalivker, dueños de la poderosa droguería Suizo Argentina, también quedaron bajo la lupa. Según la voz atribuida a Spagnuolo, eran ellos quienes llamaban a otros proveedores para subir el porcentaje de las coimas y centralizar la recaudación: “Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8… lo subimos a Presidencia”. La frase, de comprobarse, expone un mecanismo brutal: la salud pública convertida en caja negra para financiar al poder político.
Una trama que huele mal
- Mensajes borrados: borradores de una complicidad que se resiste a salir a la luz.
- Celulares destruidos: la metáfora perfecta de un gobierno que, ante las pruebas, prefiere romper antes que responder.
- Claves ocultas: la resistencia desesperada de quienes saben que, si se abre la caja digital, la caída puede ser total.
La Justicia pidió ayuda a la empresa israelí Cellebrite para desbloquear los aparatos.
Es cuestión de tiempo, dicen. Pero el tiempo juega en contra de la Casa Rosada: cada demora agranda la sospecha de que estamos frente a una red de corrupción estructural, con ramificaciones que superan la ANDIS y podrían arrastrar al propio Presidente.
El silencio de Milei —que todavía no se pronunció personalmente sobre el caso— empieza a sonar ensordecedor. La pregunta que flota es directa:
¿qué teme más el Gobierno, a los audios que se filtraron o a los mensajes que aún permanecen escondidos en esos celulares?