Milei contra las personas con discapacidad: el Gobierno frenó las bajas, pero insiste en recortar derechos
El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue creciendo y deja al descubierto las contradicciones del Gobierno libertario.
Tras la filtración de audios que exponen una presunta trama de corrupción en la compra de medicamentos bajo la gestión de Diego Spagnuolo —exdirector del organismo—, el ministro de Salud, Mario Lugones, anunció que se suspenden las bajas de pensiones por invalidez hasta que finalice la auditoría interna.
La decisión llega tarde: más de 128 mil beneficiarios ya habían sido dados de baja en un proceso que el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, presentó como un “ajuste progresivo” que alcanzaría a más de un millón de personas.
Entre las bajas ejecutadas, más de 110 mil correspondían a supuestas irregularidades, 8.107 a personas fallecidas y 10.038 a ciudadanos que habían renunciado.
Sin embargo, las grabaciones filtradas de Spagnuolo desnudaron un mecanismo de sobreprecios y negocios oscuros en el organismo, lo que obligó al Ejecutivo a intervenir la ANDIS y pausar las medidas. Aun así, fuentes oficiales reconocieron que el procedimiento de auditoría continúa y que cualquier resolución definitiva se tomará recién al concluir la investigación.
Mientras tanto, el Congreso desarmó el veto presidencial y sancionó la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2026, lo que supone reformular pensiones, actualizar aranceles y otorgar compensaciones económicas.
El proyecto fue aprobado con una amplia mayoría de 63 votos a favor, incluidos legisladores de distintos bloques opositores, y apenas 7 en contra.
El presidente Javier Milei ya adelantó que piensa judicializar la medida, bajo el argumento de que afecta su “equilibrio fiscal”. En otras palabras, el Gobierno se prepara para recortar derechos en nombre del ajuste, aún a costa de las personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables del país.
En la práctica, lo que el oficialismo llama “ordenamiento administrativo” no es más que una avanzada de recortes sociales.
El caso de la ANDIS refleja cómo, detrás del discurso de la austeridad, se esconden negocios privados, improvisación y desprecio por los más necesitados.