Bajo el gobierno de Milei, crece la represión: piden declarar inconstitucional el Protocolo Antipiquetes
A dos años de la implementación del Protocolo Antipiquetes, organizaciones de derechos humanos encendieron todas las alarmas por el grave retroceso democrático que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Amnistía Internacional denunció una vulneración sistemática de las libertades de expresión y de reunión, con un saldo que supera las 2.500 personas heridas en manifestaciones sociales.
La normativa, formalizada como Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, criminaliza la protesta social al considerar delito cualquier manifestación que afecte la circulación. En los hechos, habilita desalojos y detenciones sin orden judicial, en abierta contradicción con la Constitución Nacional y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
“La escalada represiva es innegable y refleja un retroceso profundo en materia de derechos humanos. La violencia estatal no solo aumentó, sino que hoy es naturalizada como herramienta para disciplinar y desalentar la participación social”, advirtió Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Números que exponen una política de mano dura
Entre 2024 y 2025 se registraron 2.557 personas heridas por el uso desproporcionado de la fuerza: balas de goma disparadas a la cabeza y el rostro, gases lacrimógenos, gas pimienta, golpes con bastones y violencia física generalizada.
Solo en 2025 se contabilizaron 1.341 heridos y 165 detenidos, lo que representa un incremento del 77% en las detenciones respecto de 2024, en su mayoría arbitrarias y sin sustento probatorio.
Los casos más graves incluyen cuatro pérdidas oculares permanentes. El 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo de bala de goma de un agente de Prefectura durante una protesta en apoyo a jubilados. Meses después, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció una lesión similar en una movilización cerca del Congreso.
Ataque directo a la prensa
La represión también tuvo como blanco a trabajadores de prensa. Al menos 184 periodistas y reporteros gráficos resultaron heridos mientras cubrían manifestaciones, y varios fueron detenidos sin causa. Para Amnistía Internacional, se trata de un mensaje intimidatorio: protestar y mostrar lo que ocurre en la calle tiene consecuencias.
El caso más emblemático es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura expuesta de cráneo tras el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante una movilización en marzo de 2025. La Justicia procesó al gendarme responsable gracias a pruebas aportadas por organismos independientes.
Reclamo judicial
Ante este escenario, Amnistía Internacional y otras organizaciones presentaron una acción de amparo para que la Justicia declare la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes, al considerar que el Estado argentino, bajo la administración de Milei, incumple de manera sistemática sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“El Poder Judicial no puede mirar para otro lado mientras se consolida una política de represión que vulnera libertades básicas”, advirtieron.
Con información de Noticias Argentinas.