Milei patea la reforma tributaria y prioriza el ajuste: el Gobierno la dividirá y la estirará hasta 2027
El Gobierno nacional resolvió dividir la reforma tributaria en proyectos separados y postergar su aplicación plena hasta los años 2026 y 2027, en una decisión que confirma que la prioridad de la gestión de Javier Milei sigue siendo el ajuste fiscal por sobre una reforma integral del sistema impositivo.
Desde la Casa Rosada descartan avanzar con un paquete tributario amplio en el corto plazo y admiten que no existe hoy margen político ni fiscal para discutir cambios de fondo como un nuevo esquema de IVA, la eliminación del impuesto al cheque o una modificación del sistema de coparticipación.
En su lugar, el Ejecutivo planea un avance gradual, condicionado estrictamente al equilibrio de las cuentas públicas.
“No hay una sin la otra”, reconocen en el oficialismo, al dejar en claro que cualquier baja impositiva estará supeditada a recortes del gasto, incluso a nivel provincial, bajo la lógica de la llamada “competencia fiscal” entre distritos.
La definición vuelve a tensionar la relación con los gobernadores y traslada el costo del ajuste a las provincias.
Según fuentes oficiales, los equipos técnicos del Ministerio de Economía trabajan en distintos borradores, aunque todavía no existe una hoja de ruta clara sobre el orden en que se impulsarán las medidas. Todo quedó relegado al largo plazo, mientras la prioridad inmediata del Gobierno es lograr la aprobación de la reforma laboral antes de febrero.
En ese marco, la mesa chica de Balcarce 50 también puso en la mira al monotributo, al que califica como “insostenible” en el mediano plazo. El Ejecutivo evalúa reemplazarlo por esquemas más flexibles que faciliten el pase al régimen general, una idea que ya fue sugerida por el Fondo Monetario Internacional y que despierta preocupación entre trabajadores independientes y pequeños contribuyentes.
Desde el propio Gobierno reconocen que los recortes y cambios proyectados tienen un alto costo fiscal inicial y admiten que podrían generar tensiones en la recaudación. “Vamos a ir bajando impuestos a medida que tengamos mayor margen de caja”, repiten, dejando en claro que no habrá alivio impositivo sin crecimiento previo.
Mientras tanto, parte de la reforma tributaria ya fue incorporada dentro del proyecto de reforma laboral enviado al Congreso. Allí se incluyen reducciones en Ganancias para sociedades, nuevas exenciones en operaciones financieras e inmobiliarias, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y la devolución del saldo técnico de IVA a partir del tercer período fiscal.
El texto también propone eliminar impuestos internos de baja recaudación y ampliar las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), medidas que el oficialismo define como un “primer paso” antes de avanzar con reformas más profundas a partir de 2026.
Además, se establece un tratamiento fiscal especial para los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que financiarán indemnizaciones. Sus rendimientos quedarán exentos del impuesto a las Ganancias y del IVA —salvo las comisiones— y la contribución obligatoria del 3% será compensada con una reducción equivalente en las contribuciones patronales al SIPA.
La decisión de fragmentar y postergar la reforma tributaria confirma que el Gobierno de Milei opta por administrar el ajuste antes que encarar un rediseño integral del sistema impositivo, trasladando la incertidumbre económica y fiscal varios años hacia adelante.