Escándalo YPF: el Gobierno sigue dilatando y los beneficiarios del fallo ya amenazan con sanciones internacionales
Los fondos que ganaron el juicio por la expropiación de YPF endurecieron su ofensiva judicial y exigen que la Argentina entregue chats, mensajes y correos de funcionarios y exfuncionarios.
Denuncian maniobras dilatorias, apuntan contra el Ministerio de Economía y advierten que podrían pedir sanciones por desacato si no hay avances concretos.
Los beneficiarios del fallo multimillonario por la expropiación de YPF volvieron a la carga y elevaron la presión sobre la Argentina en los tribunales de Estados Unidos.
Se trata de los fondos Eton Park y Petersen, financiados por Burford Capital, que reclaman el cumplimiento de la sentencia por US$16.000 millones dictada por la jueza Loretta Preska, y que ahora exigen la entrega de chats, mails y mensajes privados de funcionarios y exfuncionarios clave.
Entre los nombres señalados figuran Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno, además de una extensa lista de exintegrantes de distintas gestiones.
El reclamo surge ante la falta de pago del fallo, ya que el Estado argentino decidió apelar la sentencia, lo que activó una batería de estrategias judiciales por parte de los demandantes para forzar una negociación o avanzar sobre bienes del país.
Uno de los ejes centrales de la ofensiva judicial es demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como “alter ego” del Estado argentino.
Si esa tesis prospera, los fondos podrían embargar activos de esas entidades para intentar cobrar la deuda. Para sustentar ese planteo, solicitaron el acceso a comunicaciones privadas de funcionarios que participaron en decisiones económicas y energéticas vinculadas al caso YPF.
En una presentación reciente ante la jueza Preska, los beneficiarios del fallo denunciaron que la Argentina demora deliberadamente la entrega de la información y advirtieron que están dispuestos a pedir sanciones económicas e incluso sanciones por desacato si el país continúa incumpliendo las órdenes judiciales.
En ese marco, señalaron que tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el actual canciller Pablo Quirno, se negaron a entregar sus comunicaciones, a los que se suman otros funcionarios que no respondieron los requerimientos oficiales. Los demandantes solicitaron que el tribunal fije plazos estrictos para completar la entrega de información, bajo apercibimiento de sanciones.
Finalmente, Preska estableció nuevas fechas límite: el 10 de enero deberá haber avances sustanciales en la producción de la información requerida y convocó a una nueva audiencia para el 29 de enero. En paralelo, la Argentina aguarda la resolución de la apelación presentada ante la Corte correspondiente por la causa principal.
El analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, advirtió que el escenario es cada vez más delicado para el país. “Los demandantes podrían pedir sanciones severas, incluso el desacato. Argentina deberá informar en los próximos días si los funcionarios que se negaron a entregar sus celulares finalmente lo harán”, señaló, y remarcó que una sanción de ese tipo podría multiplicar las multas y agravar el conflicto internacional.
La postura oficial
Desde el Gobierno sostienen que se realizaron entregas parciales de la documentación solicitada y que la cesión de dispositivos personales requiere la aceptación voluntaria de cada funcionario. La Procuración del Tesoro argumenta que no puede obligar a entregar teléfonos o correos privados sin consentimiento.
Según la defensa argentina, entre los exfuncionarios que no confirmaron colaboración figuran nombres de la gestión anterior como Sergio Massa, Juan Manzur, Wado de Pedro, Agustín Rossi, Federico Bernal, Flavia Royón, Raúl Rigo, Matías Tombolini y Guillermo Michel, entre otros.
En tanto, dentro de la gestión actual, aún se espera respuesta de funcionarios como José Luis Daza, Jorge Horacio Domper, Luis Francisco De Ridder y Nicolás Posse. En contraste, otros aceptaron cooperar, entre ellos Carlos Guberman, María Tettamanti, Luis Pierrini y Guillermo Francos.
Mientras tanto, el reloj judicial avanza y el caso YPF se consolida como uno de los mayores pasivos legales de la Argentina, con consecuencias que ya trascienden lo económico y exponen al país a un escenario de tensión judicial y diplomática creciente.
Con información de TN