Escalada institucional y rosca nocturna: el Gobierno de Milei fuerza la AGN y profundiza la grieta con el PRO

La designación de autoridades en la Auditoría General de la Nación (AGN) terminó de exponer el verdadero rostro del Gobierno de Javier Milei: un oficialismo que predica republicanismo, pero que gobierna a fuerza de mayorías circunstanciales, acuerdos de madrugada y desprecio por los organismos de control.
Mientras el PRO volvió a pedir la impugnación formal de los nombramientos en la AGN por considerarlos ilegales e inconstitucionales, desde La Libertad Avanza la respuesta fue brutalmente clara: “juegan los números y las mayorías”, una frase pronunciada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que desnuda la lógica con la que el mileísmo administra el poder.
Lejos de atender los cuestionamientos por la falta de legalidad del procedimiento, Menem defendió una votación realizada cerca de las tres de la madrugada, fuera del temario de sesiones extraordinarias y tras un apartamiento del reglamento que la oposición dialoguista considera una maniobra lisa y llana para colonizar el principal órgano de control del Estado.
El PRO, que hasta hace poco era socio clave del oficialismo, denunció que el Gobierno libertario negoció directamente con el kirchnerismo, dejando de lado acuerdos políticos previos y dinamitando cualquier idea de convivencia institucional.

Para el macrismo, no se trató de una diferencia política sino de una violación directa a la Constitución Nacional y al equilibrio republicano.
Sin embargo, desde el oficialismo minimizaron el conflicto. Menem no solo relativizó la judicialización impulsada por Cristian Ritondo, sino que además dejó una advertencia implícita: si La Libertad Avanza no obtenía los cargos que reclamaba, ellos mismos iban a judicializar el proceso, confirmando que la Justicia es utilizada como herramienta de presión y no como resguardo institucional.
La situación se vuelve aún más grave si se la enmarca en el contexto general del Gobierno de Milei, que mientras promete “déficit cero” y ajuste permanente, avanza sobre los organismos de control, vacía el debate parlamentario y naturaliza decisiones tomadas entre gallos y medianoche. Todo, en nombre de una supuesta eficiencia que ya empieza a mostrar signos de autoritarismo político.
Paradójicamente, el mismo Gobierno que acusa a la “casta” de todos los males reproduce las peores prácticas de la vieja política: rosca express, acuerdos cruzados y uso discrecional de mayorías legislativas para imponer decisiones sin consenso.
En ese marco, la AGN —organismo clave para auditar el uso de los recursos públicos— queda atrapada en una disputa que erosiona su credibilidad antes incluso de comenzar a funcionar con sus nuevas autoridades.
Mientras Milei y su entorno celebran “haber ganado 19 de 20 votaciones” y hablan de “éxito total”, crece la percepción de que el Presidente confunde gobernabilidad con atropello, y democracia con aritmética parlamentaria.
La advertencia ya no llega solo desde la oposición dura, sino también desde aliados históricos que hoy empiezan a preguntarse hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno libertario para sostener su poder.