Presupuesto 2026: Milei fuerza el ajuste en el Senado y profundiza el conflicto político y social

Mientras el país atraviesa un escenario de fragilidad económica y tensiones sociales crecientes, el gobierno de Javier Milei intenta cerrar el año imponiendo a toda costa la sanción del Presupuesto 2026, una ley atravesada por recortes sensibles, proyecciones cuestionadas y una fuerte resistencia política incluso entre aliados circunstanciales.
El bloque de La Libertad Avanza, conducido en el Senado por Patricia Bullrich, busca aprobar este viernes el proyecto enviado por el Ejecutivo, que tiene como eje excluyente el dogma del déficit cero, aun cuando ello implique desfinanciar áreas clave como educación, ciencia, universidades, escuelas técnicas y salarios docentes.
Aunque el oficialismo asegura contar con los votos necesarios para la aprobación en general, el verdadero conflicto está concentrado en el artículo 30, una cláusula que sintetiza la lógica del gobierno libertario: ajustar sin miramientos y trasladar el costo del equilibrio fiscal a los sectores más vulnerables y estratégicos del país.
Ese artículo propone derogar normas que garantizan:
El 6% del PBI para educación.
El financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología hasta llegar al 1% del PBI en 2032.
El piso presupuestario para las escuelas técnicas.
La resistencia no proviene solo del peronismo. Senadores de la UCR, espacios provinciales e incluso legisladores que acompañan al Gobierno en general advierten que ese punto es políticamente insostenible y socialmente explosivo. Cuatro senadores del bloque Convicción Federal anticiparon que votarán el Presupuesto, pero rechazarán de plano ese artículo, marcando un límite al ajuste libertario.
El propio poroteo refleja la fragilidad del armado oficialista: ausencias, abstenciones y votos condicionados pueden hacer caer el artículo más sensible del proyecto y obligar al Gobierno a devolver el texto a Diputados, prolongando el conflicto hasta fin de año.
Más allá de la ingeniería parlamentaria, el Presupuesto 2026 expone inconsistencias de fondo. El Gobierno proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar oficial de $1.423 a diciembre del próximo año, cifras que incluso economistas afines al oficialismo consideran poco realistas. En los hechos, el propio Ejecutivo ya admite que inflación y tipo de cambio serán más altos, dejando en evidencia que el Presupuesto nace desfasado de la realidad.
En este contexto, Milei insiste en que no vetará la ley si se aprueba, pero deja abierta la puerta a reasignar partidas discrecionalmente desde el Ejecutivo, vaciando de contenido cualquier debate parlamentario. Una práctica que contradice su discurso de institucionalidad y refuerza un modelo de gobierno cada vez más centralizado y personalista.
La discusión en el Senado también deja al descubierto una nueva fractura dentro del peronismo, con gobernadores que priorizan acuerdos fiscales con la Casa Rosada y se despegan del bloque que responde a Cristina Kirchner. Una división funcional al Gobierno, que Milei aprovecha para avanzar con su agenda sin construir consensos reales.
Así, el Presupuesto 2026 no aparece como una herramienta de planificación y desarrollo, sino como un instrumento de ajuste extremo, construido para cumplir una consigna ideológica antes que para atender las necesidades concretas del país. Educación, ciencia y federalismo vuelven a ser las variables de ajuste de un modelo que promete orden macroeconómico mientras profundiza la desigualdad y el conflicto político.
La sesión de este viernes no solo definirá una ley: marcará hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Javier Milei para sostener su relato de déficit cero, aun a costa de vaciar al Estado y tensionar al máximo el sistema institucional.