Presupuesto 2026: Milei festeja, pero el ajuste lo pagan la educación, la ciencia y las provincias
Con euforia desmedida y un mensaje cargado de épica libertaria, el presidente Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal en el Senado, como si se tratara de una victoria histórica.
Sin embargo, detrás del “Viva la Libertad carajo” que publicó en redes sociales, se esconde un presupuesto construido sobre recortes sensibles, supuestos macroeconómicos frágiles y una fuerte transferencia de costos hacia las provincias, la educación y los sectores más vulnerables.
El proyecto fue aprobado con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, tras una sesión marcada por tensiones, denuncias de autoritarismo, negociaciones de último momento y el respaldo de aliados circunstanciales que permitieron al oficialismo alcanzar la mayoría necesaria.
El Gobierno lo presenta como un hito de orden y equilibrio fiscal, pero para buena parte de la oposición y de los gobiernos provinciales se trata de un esquema que consolida el ajuste y debilita el federalismo.
Mientras Milei festeja, el Presupuesto elimina porcentajes mínimos de inversión en educación, ciencia y tecnología, avanza sobre el financiamiento universitario, relativiza el sostenimiento de las escuelas técnicas y desoye las advertencias de senadores que, aun votando a favor en general, señalaron inconsistencias graves. Incluso legisladores aliados reconocieron que el texto está construido con proyecciones optimistas difíciles de sostener en la realidad económica argentina.
El contraste es evidente: el Presidente celebra un “Presupuesto histórico”, pero lo hace tras haber perdido artículos clave en Diputados, haber amenazado con vetos y haber reacomodado partidas por decreto para sostener el dogma del déficit cero, aun a costa de derechos consagrados por ley.
La aprobación no fue producto de consensos amplios, sino de una aritmética parlamentaria ajustada y de acuerdos que dejaron heridos políticos en el camino, incluso dentro de los bloques dialoguistas.
Desde el Gobierno se insiste en que el superávit “no se negocia”, aunque esa rigidez implique trasladar mayores cargas a las provincias, que dependen en gran parte de los recursos nacionales para sostener salud, educación, obra pública y políticas sociales.
Paradójicamente, muchas de esas provincias mantienen equilibrio fiscal desde hace años, algo que la Casa Rosada suele ignorar cuando construye su relato de eficiencia.
La Ley de Inocencia Fiscal fue presentada como una reivindicación de la libertad individual y del ahorro, pero también generó reparos por la laxitud de los controles y por el mensaje político que transmite en un país golpeado por la evasión estructural y la informalidad. Mientras se promete perseguir narcotraficantes y corruptos, el Gobierno relativiza el rol histórico del Estado en el control y la regulación.
El festejo de Milei, acompañado por Patricia Bullrich y Martín Menem, expone una lógica que se repite desde el inicio de su gestión: celebrar el ajuste como virtud, minimizar los costos sociales y reducir el debate democrático a consignas de campaña. En ese marco, el Presupuesto 2026 no aparece como una herramienta de desarrollo, sino como un instrumento para blindar un modelo económico inflexible, aun cuando la realidad muestre señales de agotamiento.
Así, mientras el Presidente levanta los brazos y proclama victorias en redes sociales, crece la preocupación por un país que ordena números, pero desordena prioridades, debilita el diálogo institucional y profundiza una lógica de confrontación que, lejos de cerrar grietas, las vuelve más profundas.