Congreso paralizado en 2025: la era Milei cerró con récord de leyes mínimas y máxima confrontación
El Congreso de la Nación cerró el 2025 sumido en una combinación explosiva de parálisis legislativa, enfrentamiento político y una estrategia presidencial centrada más en el conflicto que en la construcción de consensos.
Con apenas 13 leyes sancionadas en todo el año, el período legislativo se convirtió en el menos productivo de la última década, un dato que expone con crudeza el costo institucional del estilo de gobierno de Javier Milei.
Durante el período ordinario —del 1 de marzo al 30 de noviembre— solo 11 leyes lograron ser aprobadas, a las que se sumaron dos más en sesiones extraordinarias.
El dato más revelador es que ninguna de las leyes sancionadas en ordinarias fue impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo, reflejando la incapacidad del Gobierno nacional para articular mayorías y sostener una agenda propia en el Parlamento.
De las 11 normas aprobadas, ocho fueron iniciativas de la oposición, entre ellas el Financiamiento Universitario, los aumentos a jubilaciones y la Ley Nicolás.
Las tres restantes correspondieron a acuerdos internacionales que venían pendientes de la gestión anterior, según consignó la agencia Noticias Argentinas. Recién en extraordinarias, y con un Congreso reconfigurado tras las elecciones, el oficialismo logró aprobar dos proyectos clave: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
Lejos de corregir el rumbo, el presidente Milei optó por profundizar la confrontación.
A lo largo del año vetó siete leyes, pero en un hecho poco habitual, el Congreso logró revertir tres de esos vetos, marcando un límite político al uso reiterado de esa herramienta y evidenciando el desgaste de la autoridad presidencial frente al Poder Legislativo.
La tensión también se expresó en el uso intensivo de mecanismos parlamentarios excepcionales. La oposición recurrió a 20 emplazamientos a comisión, cuando el promedio histórico anual no superaba los tres.
Fue una respuesta directa a la estrategia oficial de bloquear debates incómodos y gobernar por omisión legislativa.
Por primera vez en años, el Congreso también avanzó sobre decretos del Ejecutivo: rechazó cuatro delegaciones de facultades y un DNU, recortando el margen de maniobra de un Presidente que hizo del decreto y la descalificación política una forma habitual de gestión.
Un informe de Directorio Legislativo reveló además que de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, una señal clara de la falta de acuerdos mínimos para sostener una agenda parlamentaria estable.
El diálogo político, reemplazado por la lógica del “ellos o nosotros”, terminó por vaciar de contenido al debate legislativo.
Así, mientras el Presidente levanta los brazos y proclama victorias en redes sociales, crece la preocupación por un país que ordena números pero desordena prioridades, debilita el diálogo institucional y profundiza una lógica de confrontación que, lejos de cerrar grietas, las vuelve más profundas.
El oficialismo apuesta ahora a que la nueva composición del Congreso le permita en 2026 pasar de la resistencia al ataque. Sin embargo, el balance de 2025 deja una advertencia difícil de ignorar: sin política, sin acuerdos y sin respeto por las instituciones, la gobernabilidad se convierte en un relato vacío.