Sospechas de corrupción y comida contaminada: allanan al director del Servicio Penitenciario Federal
Un grave escándalo sacude al Servicio Penitenciario Federal (SPF) tras el allanamiento ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en las oficinas de su director, Fernando Julián Martínez.
La medida se enmarca en una investigación por presunta cartelización en la provisión de alimentos y el suministro de comida en mal estado a personas privadas de su libertad en el penal de Ezeiza.
El procedimiento judicial se llevó a cabo el viernes por la mañana y dejó una situación particularmente llamativa: Martínez entregó a los agentes un teléfono celular que no era el de uso habitual. Al ser advertido de la irregularidad, el funcionario sostuvo que el dispositivo que utilizaba diariamente había sido “extraviado” ese mismo día, lo que despertó fuertes sospechas en la Justicia.
Ante esa respuesta, el juez Villena ordenó rastrear las últimas conexiones del teléfono “perdido”. El informe fue contundente: el celular había emitido señal una hora antes del allanamiento, en una zona cercana al estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas.
El dato reforzó la hipótesis de que el funcionario pudo haber sido alertado previamente sobre el procedimiento judicial.
El allanamiento no fue casual. Ese mismo viernes se resolvía una nueva licitación para la provisión de alimentos en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 detenidos. La adjudicación volvió a recaer en la empresa Bio Limp, firma que ya estaba bajo la lupa judicial.
La causa tiene antecedentes graves. Años atrás, tras un habeas corpus presentado por defensores oficiales, Villena había comprobado que la comida suministrada a los presos por la empresa Foodrush estaba contaminada y no era apta para el consumo humano, con valores elevados de Escherichia coli detectados por peritajes de la ANMAT. El propio magistrado llegó a probar los alimentos durante una inspección y sufrió una fuerte descompostura horas después.
Como consecuencia, Foodrush fue excluida de futuras licitaciones.
Sin embargo, en el proceso siguiente apareció Bio Limp, una empresa sin experiencia previa en el rubro alimentario. La investigación reveló que ambas firmas compartían camiones, personal y documentación, incluyendo facturación cruzada por montos millonarios, lo que llevó al juez a sospechar de una maniobra para eludir la sanción judicial.
Villena concluyó que una operatoria de esta magnitud no podía llevarse adelante sin la connivencia de las autoridades penitenciarias. Por eso ordenó los allanamientos en las oficinas del director del SPF, del director del penal y del área administrativa, bajo la sospecha de un esquema de cartelización sostenido en el tiempo.
A este cuadro se sumó otro dato inquietante: Martínez se movilizaba en una camioneta registrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los creadores de La Salada, actualmente prófugo de la Justicia.
Mientras tanto, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de las actuaciones al considerar que se realizaron en un día inhábil y cuestionó la legalidad del secuestro del teléfono.
Desde el entorno del juez sostienen que la negativa del funcionario a entregar su celular constituye un grave desafío a la autoridad judicial y refuerza la sospecha de prácticas mafiosas enquistadas en el sistema penitenciario.
La investigación continúa y promete avanzar sobre responsabilidades políticas y administrativas en un área tan sensible como el trato y la alimentación de las personas privadas de su libertad.