Revés judicial al Gobierno: apelarán la nulidad del protocolo antipiquetes
El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión de la Justicia federal que declaró la nulidad del protocolo antipiquetes, una de las herramientas más emblemáticas de la política de seguridad impulsada por la administración de Javier Milei.
El fallo fue dictado por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y consideró inválido el protocolo diseñado durante la gestión de Patricia Bullrich y sostenido por el actual gobierno libertario.
La reacción oficial no tardó en llegar. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, utilizó sus redes sociales para cuestionar duramente la resolución judicial y anticipar que el Ejecutivo dará batalla en los tribunales. “SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS”, escribió en su cuenta de X, en una publicación que volvió a exponer el tono confrontativo del Gobierno frente a las decisiones del Poder Judicial.
“Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, sostuvo la ministra, alineándose con el discurso del presidente Milei, que suele presentar cualquier límite institucional como un obstáculo a su plan de gobierno.
Monteoliva insistió en que el Ejecutivo no retrocederá: “No vamos a dar un paso atrás. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación reforzaron el mensaje en un comunicado oficial, en el que confirmaron la apelación y volvieron a plantear una dicotomía extrema entre orden y caos. “Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”, expresaron.
El fallo judicial representa un nuevo límite institucional para el Gobierno de Milei, que desde su llegada al poder ha tensado reiteradamente la relación con la Justicia y los organismos de derechos humanos, apostando a una narrativa de confrontación permanente. Mientras el Ejecutivo promete apelar, el debate de fondo vuelve a instalarse: hasta dónde puede avanzar el Estado en nombre del orden sin vulnerar derechos constitucionales.