Milei vuelve a pedir auxilio al FMI: el Gobierno busca flexibilizar metas ante la falta de dólares y la presión de los vencimientos

A contramano del discurso de autosuficiencia económica y “soberanía de mercado” que pregona el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional volvió a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir una flexibilización de la meta de reservas y destrabar un nuevo desembolso de US$1050 millones, correspondiente a la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en abril del año pasado.
Detrás del relato oficial, en la Casa Rosada admiten que la negociación con el organismo internacional es clave para sostener un esquema económico cada vez más frágil y dependiente del financiamiento externo. El Ejecutivo apuesta a que la revisión del FMI se concrete en febrero, aunque reconoce que la meta pactada originalmente es hoy incumplible sin asistencia extraordinaria.
La explicación que ensayan desde Balcarce 50 contrasta con la retórica presidencial: aseguran que la meta de reservas “ya no tiene sentido” porque fue calculada sobre un esquema de pagos que el propio Gobierno no logra sostener sin ayuda externa. En los hechos, el pedido al FMI expone la escasez estructural de dólares, uno de los principales límites del programa libertario.
En ese contexto, funcionarios reconocen sin rodeos que el anuncio de la remonetización de la economía y de futuras compras de reservas del Banco Central para 2026 tuvo un objetivo puramente comunicacional: tranquilizar a los mercados y contener el riesgo país, aun sin respaldo concreto en la realidad económica. “Al mercado hay que decirle lo que quiere escuchar”, confiesan puertas adentro.
Mientras Milei insiste en el ajuste como dogma, el Gobierno evalúa avanzar este mismo año con nueva deuda en los mercados internacionales, profundizando el ciclo de endeudamiento que el Presidente prometió erradicar. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó utilizar esa vía para los vencimientos de enero, en el Ejecutivo admiten que es una alternativa latente.
El Banco Central, por su parte, anunció la actualización mensual de las bandas de flotación del dólar según la inflación, una medida que busca contener tensiones cambiarias pero que también reconoce implícitamente la dificultad para sostener el ancla cambiaria. Como respaldo de emergencia, el Gobierno no descarta recurrir al swap por US$20.000 millones con Estados Unidos, una herramienta que refuerza la dependencia financiera externa.
La obsesión oficial es evitar que la inflación supere el 2,5% mensual, aun a costa de mantener restricciones cambiarias y postergar cualquier apertura real del cepo. Lejos de la promesa de libertad económica, el Ejecutivo descarta flexibilizar el esquema y mantiene prohibiciones que afectan la operatoria financiera.
El escenario se vuelve más tenso de cara al 9 de enero, cuando el Tesoro deberá afrontar vencimientos por US$4300 millones en bonos reestructurados en 2020. De ese total, US$2700 millones corresponden a capital y US$1600 millones a intereses. Para cubrir el faltante, el Gobierno da por hecho que avanzará con un repo con bancos internacionales, otro parche financiero para sostener el corto plazo.
Si bien el Tesoro logró sumar US$1000 millones con la colocación del Bonar 2029 y acumular depósitos por cerca de US$2000 millones, esos recursos resultan insuficientes sin la ayuda del FMI. A ello se suma el ingreso estimado de US$700 millones por la privatización de las represas del Comahue, una decisión que refuerza el perfil de venta de activos estratégicos para sostener un modelo sin dólares genuinos.
Así, mientras Milei celebra supuestos logros macroeconómicos y promete una Argentina autosustentable, la realidad vuelve a mostrar a un Gobierno atado al FMI, al endeudamiento y a medidas transitorias, con un programa económico que ordena números, pero sigue sin resolver los problemas estructurales del país.