Filtraciones en el caso YPF: oficializan la reestructuración en la Procuración del Tesoro
El Gobierno oficializó este jueves la aprobación de una reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación, que fija cambios en el organigrama y elimina organismos como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.Los hizo luego de que este miércoles activara una purga luego de detectar posibles filtraciones vinculadas a la causa que enfrenta el Estado argentino con el fondo Burford por la estatización de YPF.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La resolución no solo introduce modificaciones en el organigrama interno del organismo, sino que también establece la disolución de estructuras existentes, entre ellas la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado
La decisión se conoció al día siguiente de que el Gobierno anunciara la desvinculación de 60 funcionarios de la Procuración. Según fuentes oficiales, esta depuración interna se justifica por razones de “eficiencia operativa“, aunque detrás también hay sospechas de filtraciones que habrían perjudicado la estrategia judicial argentina en el juicio por la estatización de YPF, en manos de la jueza estadounidense Loretta Preska.
Qué se sabe sobre las filtraciones en el caso YPF
En los últimos días, creció la inquietud dentro de la Procuración del Tesoro debido a la difusión de datos sensibles sobre estrategias judiciales que, según se afirma, no contaban con la autorización de las autoridades superiores del organismo.
La depuración vinculada a las sospechas por el caso es encabezada por Santiago Castro Videla, actual número dos de la Procuración bajo el gobierno libertario. Castro Videla asumió su cargo en febrero, tras la sorpresiva salida de Rodolfo Barra.
“Estamos convencidos de que hubo filtraciones en la causa YPF”, aseguraron fuentes de Casa Rosada. También remarcaron que la Procuración gestiona litigios que involucran miles de millones de dólares, por lo que cualquier filtración de estrategias confidenciales podría provocar un grave perjuicio para las arcas del Estado