Milei profundiza el vaciamiento del INTA: elimina su Dirección Nacional y concentra el poder en la Presidencia del organismo pese al rechazo del Congreso
El Gobierno de Javier Milei volvió a pasar por encima de la resistencia parlamentaria y de las advertencias de especialistas, al oficializar este martes —mediante el Decreto 571/2025 publicado en el Boletín Oficial— la supresión de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno de los entes más importantes en el desarrollo científico, la investigación aplicada y la innovación tecnológica del agro argentino.
La medida transfiere todas las funciones, atribuciones y responsabilidades que hasta ahora tenía la Dirección Nacional directamente a la órbita del Presidente del organismo, bajo la dependencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Con esto, Milei consolida el rumbo iniciado con el polémico Decreto 462/2025, que ya había cambiado el estatus del INTA de organismo descentralizado a desconcentrado, reduciendo su autonomía institucional y colocando sus decisiones estratégicas bajo un control político más estrecho.
El avance se produce apenas días después de que la Cámara de Diputados, con votos de la oposición, rechazara formalmente ese paquete de decretos, en el que también figuraban modificaciones al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otros organismos técnicos. Pese a esa señal legislativa, el Ejecutivo redobló la apuesta, defendiendo la legalidad de sus disposiciones y manteniendo intacta la hoja de ruta del recorte y centralización del sistema científico-tecnológico estatal.
La supresión de la Dirección Nacional implica, en la práctica, el desmantelamiento de una de las áreas neurálgicas del INTA, creada para coordinar proyectos de investigación, transferencia tecnológica y extensión rural en todo el país, con especial foco en el desarrollo de innovaciones para mejorar la productividad, la sustentabilidad y la competitividad del sector agropecuario.
Desde su fundación en 1956, el INTA ha sido un actor clave en la articulación entre ciencia, Estado y producción, y su estructura descentralizada ha permitido que sus 50 estaciones experimentales y cientos de agencias de extensión respondan a las necesidades específicas de cada región.
Referentes de la oposición y de la comunidad científica advierten que esta decisión forma parte de un “desguace planificado” que erosiona la capacidad del país para sostener políticas de largo plazo en ciencia y tecnología, y que debilita un capital humano y técnico acumulado durante décadas. “Es un retroceso estratégico que compromete nuestra soberanía alimentaria y nuestra capacidad de competir en el mundo”, señalaron técnicos del organismo que pidieron reserva de identidad.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que “las razones operativas que justificaban la existencia de la Dirección Nacional han desaparecido” y que la centralización permitirá “simplificar procesos y reducir costos”.
Sin embargo, en ámbitos internos del Gobierno admiten que la medida responde también a un objetivo político: concentrar la toma de decisiones y limitar el margen de acción de estructuras históricamente más autónomas.
Mientras tanto, el decreto aclara que, hasta que se complete la reestructuración de las áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas operativas y cargos actualmente existentes, aunque sin la conducción de un Director Nacional. Para muchos observadores, esta “continuidad transitoria” es apenas un puente hacia un achique mayor.
Con este nuevo paso, Milei no solo ignora la decisión del Congreso, sino que también envía una señal clara de que su plan de reforma del Estado avanzará por decreto y sin concesiones, incluso a costa de organismos que han sido pilares de la ciencia y la tecnología en Argentina.