Milei endurece el ajuste y congela la asistencia a personas con discapacidad: no habrá fondos hasta dar de baja cientos de miles de pensiones
En un nuevo capítulo del plan de ajuste fiscal, el presidente Javier Milei ratificó que el Gobierno nacional no destinará recursos adicionales para cubrir la emergencia en discapacidad hasta finalizar un recorte masivo en las pensiones no contributivas (PNC).
Según confirmaron fuentes oficiales, la auditoría en curso apunta a dar de baja entre 250.000 y 300.000 beneficios, bajo el argumento de “depurar irregularidades” y “eliminar gastos improductivos”. Mientras tanto, el sistema de prestaciones se encuentra virtualmente paralizado: el nomenclador sigue congelado desde hace meses y no hay fecha para aplicar la actualización del 70% reclamada por organizaciones, prestadores y familias.
El anuncio llega en un momento crítico para el sector. Miles de personas con discapacidad dependen de estas ayudas para cubrir terapias, acompañamiento escolar, traslados, tratamientos de rehabilitación y cuidados esenciales.
La falta de actualización de los aranceles —en un contexto de inflación acumulada de más del 100% en lo que va del año— ha llevado al límite a prestadores y profesionales, que advierten que muchos servicios corren riesgo de suspenderse definitivamente.
La postura de Milei también se vincula con su decisión de vetar la ley de emergencia en discapacidad, aprobada por el Congreso con amplio consenso y que buscaba garantizar fondos adicionales para sostener la cobertura durante el proceso de auditoría.
El Presidente justificó el veto afirmando que la norma “era un cheque en blanco” y que su gobierno “no va a dar plata hasta sanear el sistema”.
Para las organizaciones del sector, esta política constituye un doble golpe: por un lado, la demora en depurar el padrón mantiene frenados los pagos y las actualizaciones; por otro, la ausencia de un plan de contingencia deja a las familias sin respaldo en el mientras tanto.
“Estamos rehenes de una pulseada política que nada tiene que ver con nuestras necesidades urgentes”, señaló una madre de un niño con parálisis cerebral que asiste a un centro de estimulación temprana.
En las últimas semanas, asociaciones civiles, colegios profesionales y prestadores han realizado movilizaciones y conferencias de prensa en distintas provincias para exigir que el Gobierno destrabe fondos de manera inmediata.
El reclamo también llegó a legisladores de la oposición, que anticipan nuevos intentos de reinstalar la ley vetada o de incluir partidas específicas en el presupuesto 2026.
Mientras tanto, el discurso oficial sigue centrado en el equilibrio fiscal. “No vamos a financiar privilegios”, repite Milei, sin distinguir entre supuestos casos irregulares y quienes acreditan discapacidad de manera legal.
Para los críticos, este endurecimiento no solo agrava la emergencia sino que expone a los sectores más vulnerables a un ajuste que se mide en números, pero se siente en vidas concretas.