El Gobierno ignora la ley y recorta a las universidades: menos fondos, más control y cero compromiso con la educación pública
El Gobierno nacional decidió no aplicar la ley de actualización automática de fondos universitarios aprobada por el Congreso y vetada por Javier Milei, endureciendo además los criterios de control sobre el uso de recursos.
En el Presupuesto 2026, las Universidades Nacionales recibirán 4,8 billones de pesos, muy por debajo de los 7,2 billones que reclaman los rectores de todo el país.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que con el monto fijado por el Ejecutivo no se garantiza ni el funcionamiento básico ni la recomposición salarial del personal docente y no docente, ya fuertemente golpeado por la inflación.
El oficialismo, una vez más, elige desconocer una ley votada por amplia mayoría y reinstaurada tras el veto presidencial. Pero esta vez va más lejos: además de no cumplir, busca condicionar.
El Presupuesto establece que las universidades deberán rendir información detallada ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias y habilita al Gobierno a interrumpir el envío de fondos si considera que no cumplen “en tiempo y forma”.
El mensaje es claro: menos recursos, más subordinación.
El ajuste del Gobierno no se queda ahí. Tampoco se cumplirá —por tercer año consecutivo— con la Ley de Financiamiento Docente que obliga a destinar el 6% del PBI a educación.
Ni se respetarán los niveles previstos para educación técnica ni para el sistema científico-tecnológico.
La Oficina de Presupuesto del Congreso lo deja en evidencia: las metas educativas y científicas nunca se alcanzaron, y con esta gestión, ni siquiera se intentan.
Mientras Milei recita libertad y meritocracia, las universidades públicas quedan asfixiadas. La ciencia retrocede. La educación se debilita. Y el futuro se convierte en ajuste.