Presupuesto del ajuste: el Gobierno avanza para eliminar derechos en discapacidad y universidades
A pocos días de cumplir su tercer año de gestión, el Gobierno nacional intenta aprobar su primer Presupuesto en el Congreso con un fuerte paquete de recortes que vuelve a poner en la mira a sectores sensibles.
El dictamen impulsado por el oficialismo propone derogar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, ambas sancionadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo y luego ratificadas por ambas cámaras.
La iniciativa será tratada este miércoles en la Cámara de Diputados tras obtener dictamen de mayoría con el acompañamiento de gobernadores aliados.
Envalentonada por ese respaldo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca además incluir el proyecto en la sesión del viernes 26 en el Senado, junto con la reforma laboral.
El texto del Presupuesto no solo elimina las leyes vinculadas a educación superior y discapacidad, sino que también deroga la actualización automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, otorgando al Ejecutivo discrecionalidad total sobre esos ingresos.
Además, restringe el régimen de subsidios por zonas frías, afectando a miles de hogares.
Mientras la Casa Rosada intenta disciplinar al Congreso con la llamada ley de “Disciplina Fiscal”, que prevé sanciones para quienes voten normas que alteren el equilibrio fiscal, la Confederación General del Trabajo convocó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
El apuro del Gobierno responde también a exigencias externas: restan menos de diez días hábiles para cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y la Casa Blanca, que incluyen la sanción de un Presupuesto y una reforma laboral. El dictamen fue firmado con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y legisladores que responden a los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones, aunque seis adhesiones fueron en disidencia, lo que anticipa un debate complejo en el recinto.
Para garantizar esos respaldos, el Ejecutivo recurrió nuevamente a los Aportes del Tesoro Nacional. En los últimos días, Misiones recibió $12.000 millones, Chaco $11.000 millones y Tucumán $20.000 millones, la transferencia más alta otorgada a una provincia en todo 2025.
El Presupuesto proyecta un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar oficial a $1.423 para diciembre de 2026, cifras que distintos economistas consideran poco realistas. Además, no contempla partidas para recomponer jubilaciones, reactivar la obra pública ni estimular la actividad económica, limitándose a blindar el déficit cero a costa de un ajuste profundo en áreas sociales clave.
La ofensiva oficialista generó fuerte rechazo opositor. Unión por la Patria denunció cambios de último momento introducidos sin debate en comisión y anticipó que buscará eliminar los artículos que derogan las leyes votadas por el Congreso. La CGT también alertó que el proyecto implica un vaciamiento del sistema educativo, la paralización de la inversión en ciencia y tecnología y un golpe directo a los sectores más vulnerables.
En ese marco, el Presupuesto 2026 se encamina a convertirse en uno de los debates más tensos del año, con un Gobierno decidido a sostener el ajuste y una oposición que denuncia la eliminación de derechos básicos en nombre del equilibrio fiscal.