Un conocido abogado traiciona a su ex cliente A la sociedad salteña, a las autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de Salta y a los organismos de control

Por medio de la presente se hace pública la grave situación judicial provocada por el abogado Francisco Maximiliano Heit ( MP 2194) estafa, enriquecimiento ilícito, despojo, estafa procesal y falsedad ideológica y otros delitos penales y cuasi delitos civil que lo deja partido patrimonialmente a Jorge Iriarte, jubilado de 76 años viudo, con discapacidad motriz, con múltiples problemas de salud y actualmente bajo internación médica domiciliaria, quien desde hace más de dieciocho años denuncia irregularidades en causas civiles, comerciales y penales que tramitan en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Salta, sin haber obtenido hasta la fecha una respuesta judicial acorde.
El origen de esta situación se remonta al año 2007, en el marco de un expediente penal iniciado a raíz de maniobras ilícitas atribuidas al abogado del foro local Maximiliano Francisco Heit (MP 2194), quien por entonces se desempeñaba como letrado apoderado del señor Jorge Iriarte, hemos logrado obtener 16 procesamientos penales en su contra, sin sentencia definitiva, a pesar de los largos años, iniciadas y promovidas por el prócer del derecho salteño, ex Juez Federal Orfeo Maggio. El doctor Heit burló la confianza obtenida por la secretaria de la doctora López Mirau, retirando un cheque de cifra muy importante perteneciente a los Iriarte Borella, y fue intimado por el abogado Maggio, inclusive por la cámara y se negó rotundamente a devolver, puedo confirmar con todas las letras que este señor es un delincuente con titulo de abogado, desprestigiando la profesión.
Asimismo, se denuncia que el abogado Heit nunca rindió cuentas del dinero que el fuera entregado para su cobranza, correspondiente a sumas considerable magnitud pertenecientes al señor Jorge Iriarte y a su familia, este señor fabricó honorarios, y expreso que tampoco le debo nada. Pese a los reiterados reclamos, no existe rendición documentada, liquidación ni devolución de dichos fondos, configurando – según se sostiene – un grave incumplimiento de sus deberes profesionales y un perjuicio económico directo que hasta la fecha permanece impune, igualmente con un galpón 12 x 70 con entrepiso sobre calle Miguel Ortiz que se le dio para inscribir la escritura, que logró negociar con la parte contraria en su solo y propio provecho.
Según se denuncia, el mencionado abogado habría actuado a espaldas de la familia Iriarte Borella, iniciando gestiones tendientes a apropiarse de una propiedad ubicada en barrio de Villa Las Rosas. Ante estos hechos, la esposa del señor Iriarte formuló una denuncia penal expediente nº175890/07 hoy radicado en Civil 2da expediente 301948/10, por ello debió dejar de intervenir en sus asuntos judiciales, sin embargo, continuó interviniendo en juicios con el propósito de generar falsos honorarios, por ellos en el año 2009 se le revocó formalmente el poder otorgado.

Este episodio habría marcado el inicio de una serie de conflictos judiciales que, según se sostiene, derivaron en el despojo y la apropiación de bienes e inmuebles de la familia mediante embargos y remates de sus propiedades.
Según se denuncia, el abogado Francisco Maximiliano Heit habría resultado beneficiado por los Juzgados civiles y comerciales de 2.ª y 3.ª Nominación, donde el doctor Heit es un abogado amañado exitoso.
En su carácter de ciudadano y como abuelo de otras niñas menores de edad es que Iriarte expone una situación alarmante en contraste con la prolongada paralización de otras causas de extrema gravedad. Se destaca la existencia de un expediente penal elevado a juicio y registrado ante la Cámara correspondiente.

En el ámbito penal, se expone una causa de extrema gravedad, identificada como A.P. 17/22 UDIS N.º 3 y LIN LI N.º 42/22, Expediente N° 178855/22 que investiga a Heit por abuso sexual con acceso carnal reiterado contra su propia sobrina menor de edad, advirtiendo que, por otros casos similares, acusados ya cumplen con sentencia definitiva. Dicha causa se encuentra —según se denuncia— elevada a juicio, pero sin sentencia, pese al tiempo transcurrido y a la prueba incorporada al expediente la victima por vergüenza emigró de la provincia.
Paralelamente en el fuero Civil y Comercial, se denuncia un accionar que, a pesar de embargar inmuebles, logra inhibición general de bienes como garantía de sus pretendidos créditos, prohibición de vender o disponer para garantizar de última sus injustos reclamos de cobros.
En el fuero civil y comercial, se denuncia un accionar sistemático que habría derivado en embargos, inhibiciones generales, nulidades de escrituras públicas, remates de inmuebles y pérdida de bienes, propios y de terceros, incluso afectando derechos reales como el usufructo vitalicio del denunciante. Según sostiene Iriarte, dichas medidas habrían sido impulsadas mediante presentaciones que habrían inducido a error a juzgados civiles y comerciales, sin una revisión judicial adecuada: como ser agregar frase en constancia de mediación jamás presento su posición ante la AFIP (ARCA) obligación emanada de RJ1415/03, logra engañar juzgado, consigue nulidad de dos escrituras oficia a inmueble como nulidad de 4 escrituras, haciéndole decir al juzgado lo que el Juzgado no dijo, sin legitimación pasiva demanda división de condominio el Juzgado le otorga a sabiendas que nadie puede dividir condominio en propiedad ajena, regula honorarios, ejecuta honorarios, notifica a distintos domicilios en tiempos concomitantes hasta que obtiene sentencia y ahí notifica al domicilio real, remata propiedad con la anuencia de su pareja, señalada como presunta socia en las maniobras denunciadas. Cabe destacar que el doctor Heit habría permanecido privado de su libertad en el año 2016, en el marco de una denuncia por violencia de género formulada por la propia Ibarra, registrada bajo Expediente N.º 754716/16, radicado ante el Juzgado de Familia de 3.ª Nominación. En dichas actuaciones también se menciona la participación de Marcelo Arias, colaborador del letrado, del prestamista Héctor Ricardo Marinaro, y la lógica participación siempre del mismo Martillero Público; así logra por el valor aproximado al 10 % apropiarse de inmuebles.
Pido que otros ciudadanos que vean vulnerado sus derechos a la propiedad por esta organización u otra acudan a la justicia, a hacer valer sus derechos ; esto incluye embargos a nosotros para apropiarse de inmuebles que jamás nos perteneció como ser el catastro Nº87529, igual le dice al juzgado civil y listo para rematar cualquier inmueble, cuidado, alerta puede caer a apropiarse del suyo, de usted que está leyendo esto. Expte 382966/12.
Se denuncia además que la inhibición general de bienes se habría extendido de manera estratégica a toda la familia, incluidos sus hijos, medida que continúa vigente y que habría impedido cualquier posibilidad de defensa, negociación o administración patrimonial, profundizando el estado de indefensión.
Entre los bienes afectados se encuentran propiedades pertenecientes a menores de edad una de nacionalidad brasilera nieta, motivo por el que ocurriré a la embajada brasilera procurando a su intervención, debidamente escrituradas desde el año 2010, respecto de las cuales se habrían promovido embargos y remates, sin la intervención de los asesores de menores, en abierta contradicción con las normas de orden público.
Se detallan, entre otros, importantes inmuebles:
– Propiedades a nombre de menores de edad, sin intervención de asesores de menores, directamente los ignoran haciendo tabla rasa con los motivos que dan origen a la creación de ministerios pupilares; echando por la borda, poniendo en riesgo a la república Argentina que firmó tratados con potencias extranjeras, al mismo estado provincial, al gobernador conforme a las mandas de CN art 75 inc. 22 y art 128, y concordantes, también nuestro código civil Argentino que fulmina con nulidad los actos con falta de intervención de asesoría de menores, perjuicios que solo los juzgados intervinientes pueden reparar haciendo que rija también en Salta el programa constitucional.
A lo largo de los años, Jorge Iriarte afirma haber recurrido al Poder Judicial, a la Procuración General, al Colegio de Abogados, a la secretaria de Justicia para todo evento dando a conocer estos injustos, sin obtener aún respuestas.
En ese contexto, con gran esfuerzo económico, su familia contrató los servicios profesionales del abogado Roberto Ortega (MP 951) quien no puedo obtener éxito, cuyos honorarios —según afirma— fueron abonados en su totalidad. No obstante, pese a la abundante prueba aportada, lo que profundiza el estado de indefensión, desgaste emocional y económico tras años de litigio.
Las consecuencias personales y familiares han sido devastadoras.
“Mis hijos se vieron obligados a emigrar lejos de Salta por miedo y desgaste emocional. Hoy estoy solo, viudo, enfermo, pero sigo reclamando justicia”, expresó Iriarte.
A su vez, sostiene que nadie puede ser privado de bienes que son fruto de años de trabajo, esfuerzo y sacrificio, y que resulta inadmisible que situaciones de esta gravedad permanezcan sin revisión judicial efectiva, especialmente cuando afectan a personas adultas mayores, enfermas y menores de edad.
Por todo lo expuesto, mediante la presente solicitada se exige:
– El impulso inmediato y la resolución de las causas penales en perfecto concurso ideal de delitos infringiendo en cada acto la ley penal para llegar al objetivo mediato de adquirir propiedades al 10% de su valor venal, y al afectar a menores de edad estos delitos son imprescriptibles.

– La revisión integral de los embargos, inhibiciones y remates cuestionados.
– La intervención efectiva de los organismos de control competentes.
– La garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, en plazos razonables y sin privilegios.
La edad, la enfermedad y la vulnerabilidad no pueden convertirse en una condena al silencio, ni los delitos graves —especialmente aquellos que involucran a menores, noticia que debe mover a los asesores de menores a interiorizarse agraviados por la ignorancia a que son sometidos por abogados y juzgados— pueden permanecer sin juzgamiento ni respuesta institucional, perjuicios que en la actualidad persisten.

Dios los guíe, a abocarse a entender es Justicia.

Jorge S.Iriarte DNI 5.537.482 – cel: 387 519-9502