Gendarmería secuestró 420 kilos de cocaína de una camioneta de la Policía de Salta y hay dos efectivos detenidos

Efectivos del estratégico control Aguaray de la Gendarmería Nacional, ubicado en dirección al acceso norte de esa localidad sobre la ruta nacional 34, secuestraron 420 kilogramos de clorhidrato de cocaína que estaban siendo transportado en un móvil de la Policía de la Provincia de Salta perteneciente a una unidad especial de investigaciones de la localidad de Salvador Mazza.

Todo se produjo a las 7.20 de ayer, cuando proveniente desde esa localidad de frontera arribó al control de la fuerza federal un móvil de color blanco carrozado N° 1843, dominio AB447IP, conducido por un oficial de la Policía salteña acompañado por un cabo.

Cuando el móvil detuvo su marcha en el control los efectivos de la Gendarmería Nacional vieron azorados que desde la caja del móvil policial un hombre con uniforme de color azul de la Policía de la Provincia de Salta saltaba del mismo hacia la cinta asfáltica y se daba a la fuga hacia la zona boscosa en el lateral oeste de la ruta.

Efectivos corrieron detrás del hombre, que repelió la persecución realizando disparos que por fortuna no impactaron en ninguno de los gendarmes que corrían hacia el monte, estos últimos también habrían cruzado tiros contra el policía fugado.

A partir de ese momento los gendarmes, portando armas largas, rodearon el móvil de la Policía salteña y detuvieron a los dos efectivos de la provincia, quienes se mostraron visiblemente nerviosos por la situación.

Al revisar la caja del vehículo encontraron al menos ocho bolsas tipo arpillera, pero de plástico de color azul, y dentro de las mismas había alrededor de 40 ladrillos envueltos con cintas de color ocre.

Como suele suceder en este tipo de procedimientos, los gendarmes rodearon el móvil policial, mientras otros acercaban a los canes detectores de droga, a la vez que se impedían que cualquier automovilista que usualmente pasan por el lugar se acercaran al procedimiento antinarcóticos.

Una hora más tarde el móvil y los dos policías con una fuerte custodia se trasladaron hacia la base de esa unidad, ubicada en la propia localidad de Aguaray a unas cinco cuadras de la ruta nacional 34.

Luego arribó al lugar el jefe de la Unidad Regional 4 de la Policía de la Provincia , el comisario mayor Raúl Liendro, quien fue informado por el propio titular del Escuadrón 54 de la Gendarmería Nacional sobre el procedimiento que el personal a su cargo acababa de realizar, secuestrando unos de los mayores cargamentos de droga de los últimos tiempos.

Los policías salteños -un oficial y un agente- como también el otro efectivo que se dio a la fuga prestaban servicios en el Grupo de Intervención Conjunta (GIC) creado en la localidad de Salvador Mazza precisamente para investigar los delitos complejos como el narcotráfico, propios de la frontera caliente.

El oficial detenido responde a las iniciales A. B. en tanto el agente fue identificado por las iniciales M. P. Las actuaciones están a cargo de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Orán y hasta el cierre de esta edición no se conocía si el tercer policía que se fugó había sido detenido.

Si bien algunas fuentes se referían a que la millonaria incautación (un kilogramo de cocaína está valuado en 10 mil dólares en la zona de frontera) fue el trabajo de meses de investigación, algunas otras contradecían esta versión y atribuían el procedimiento a un hecho fortuito: la huida del policía que venía en la caja del móvil policial fue lo que alertó a los gendarmes apostados en el control, que salieron en persecución del efectivo salteño, quien repelió su detención literalmente a los tiros.

Escala penal en este tipo de delitos
No es la primera vez que integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia -ni del fuero federal- son descubiertos con droga, en este caso con un cargamento millonario.

Mientras los investigadores tratan de dar con el paradero de un tercer policía fugado, los otros dos quedaron a disposición de la Justicia Federal de Orán.

Serán imputados por los delitos de transporte de estupefaciente agravado por el número de partícipes y por tratarse de funcionarios de seguridad. El marco legal prevé una pena mínima por el transporte de la droga de 4 a 15 años de prisión, sumado a los agravantes la escala pasa a ser de 6 a 20 años de prisión.