Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, atraviesa un delicado frente judicial. El dirigente, investigado por el delito de administración fraudulenta y amenazas y extorsión a beneficiarios del Potenciar Trabajo está cada vez más cerca de ser elevado a juicio.

La Oficina Anticorrupción (OA) y la organización Poder Ciudadano, querellantes en el caso que investiga el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, pidieron que Belliboni sea elevado a juicio oral acusado de haber llevado adelante una maniobra que defraudó al Estado nacional.

En el caso se investiga si la Asociación Civil Polo Obrero y el Resplandor Limitado desviaron parte de los $360 millones que le envió el exMinisterio de Desarrollo Social como unidades de gestión del Potenciar Trabajo hacia un grupo de empresas que hacían facturas para ocultar el verdadero destino del dinero: financiar la campaña del Partido Obrero.

Tanto la OA como Poder Ciudadano se pronunciaron sobre la situación del líder del Polo Obrero y otros dirigentes involucrados en el caso después de que el magistrado les corriera vista, es decir, les pidiera su opinión. Para Casanello, la investigación demostró que esta organización utilizó de manera irregular el dinero del Estado y que desde allí se extorsionó y amenazó a beneficiarios del Potenciar Trabajo.

En su presentación de 140 páginas, la OA expuso las pruebas que demuestran que el Polo Obrero realizó rendiciones de cuentas ante la cartera de Desarrollo Social con facturación apócrifa generada por un grupo de empresas “truchas”. El dinero del Estado se debía destinar a la compra de herramientas y otros elementos de trabajo, pero parte de esos fondos terminaron en una agencia que hizo tareas de publicidad para la campaña del Partido Obrero.

Una de estas empresas es Coxtex, que le facturó al Polo Obrero unos $5.144.418. La AFIP catalogó esta firma como apócrifa, no tiene sede social ni comercial. El partido dice haberle comprado computadoras, pero no se sabe a dónde las fueron a buscar.

La imprenta del Polo Obrero, en la mira: se usó para financiar una campaña política

Algo similar ocurrió con la empresa Ediciones e Impresiones Rumbos, la imprenta del Polo Obrero. La Justicia detectó facturas de esta firma por un total de $31 millones, aunque mucha de la documentación presentaba irregularidades. Un ejemplo de esto es que se emitieron varias facturas en un día por kits de seguridad, todas con distinto valor aunque se trataba del mismo producto y cantidad.

La Justicia determinó, además, que esta empresa se usó para financiar las actividades electorales del Partido Obrero. Luego de recibir la plata de la organización de Belliboni, la Imprenta Rumbos contrató a la firma de publicidad Makosen, que hizo una campaña digital para el PO.

Por otro lado se determinó que las cuentas bancarias de “Rumbos” eran utilizadas por los integrantes del Polo Obrero para inyectar dinero propio en efectivo, como ser las “cápitas” que se les quitaba a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Se registró entre 2020 y 2024 el ingreso de $10.920.000 y $14.695.248, en dos cuentas de esta firma.