Manuel Adorni: detectaron nuevos criptoactivos y la Justicia pidió datos sobre posibles movimientos
La investigación sobre los movimientos financieros de Manuel Adorni abrió un nuevo frente. La fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita detectó nuevos criptoactivos vinculados al jefe de Gabinete y pidió información a empresas proveedoras de servicios de activos virtuales para determinar si esas cuentas registran movimientos financieros, según publicó Clarín.
El requerimiento también alcanza a Bettina Angeletti. El objetivo es establecer si ambos registran cuentas o tarjetas en esas plataformas, en qué períodos operaron y si las cuentas continúan activas. El pedido llega mientras la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) prepara un informe clave sobre el patrimonio del funcionario.
La fiscalía ya había corroborado la existencia de criptomonedas que, en principio, no figurarían en la declaración jurada correspondiente al período analizado. Ahora, la aparición de otros dos criptoactivos llevó al Ministerio Público Fiscal a ampliar los pedidos de información. Los nombres de las compañías y los montos involucrados permanecen bajo reserva.
Pollicita busca reconstruir cómo se movió el dinero y si esas operaciones tenían que figurar en la declaración jurada. Para eso, pidió datos sobre movimientos, períodos de actividad, cuentas asociadas y documentación respaldatoria. La fiscalía también quiere saber si los criptoactivos siguen operativos.
Según la investigación citada por el medio, los primeros informes ya habían detectado ingresos y egresos mediante activos virtuales durante 2024. Ese punto quedó bajo la lupa porque, de corresponder a ese período, los movimientos deberían aparecer en la última declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Por ahora, esos datos no figurarían en el documento.
El análisis patrimonial de Adorni
La causa también revisa otros movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete. Los investigadores analizan divisas en efectivo, viajes al exterior, gastos de hotelería, fondos aplicados a la adquisición de inmuebles, refacciones y el alquiler de una casa en Indio Cua. De acuerdo con la información publicada, esos rubros superarían los USD 370.000 en menos de un año.
La primera observación judicial es que esas divisas todavía no tendrían el respaldo documental necesario. Desde el entorno del funcionario, en cambio, aseguraron al medio antes mencionado que los números “están en orden” y que, llegado el momento, se presentará la declaración jurada para despejar las dudas.
El interrogante central es si Adorni puede justificar la tenencia y utilización de los dólares aplicados a esos gastos. Los investigadores intentan determinar si sus ingresos como funcionario público alcanzan para respaldar el movimiento de divisas, la compra de inmuebles y los 17 viajes al exterior que aparecen bajo análisis. De esa comparación dependerá si la fiscalía pide nuevas explicaciones.
Deudas y vencimientos bajo la lupa
Otra cifra que aparece en el expediente son las deudas por USD 335.000 que el funcionario debería cancelar en noviembre de este año. Fuentes judiciales citadas por el medio plantearon que uno de los puntos a revisar será cómo justificará el pago de esas acreencias y la tenencia de los dólares necesarios.
En ese contexto, los criptoactivos quedaron como una línea relevante para reconstruir posibles vías de adquisición o movimiento de divisas. El Ministerio Público intenta establecer si las operaciones detectadas guardan relación con los fondos utilizados en efectivo o con otros movimientos patrimoniales. Los informes de las plataformas serán cruzados con el trabajo técnico de la DAFI.
Ese informe deberá exponer, año por año, los ingresos y egresos de Adorni desde que asumió funciones públicas. Si aparecen diferencias relevantes, Pollicita podrá formular un requerimiento de justificación, una medida habitual en expedientes por presunto enriquecimiento ilícito.
Qué puede pasar en la causa
Si las explicaciones patrimoniales no resultan suficientes, la fiscalía podría avanzar con un pedido de indagatoria. Por ahora, la investigación se encuentra en etapa de recolección de información y análisis documental. Las nuevas medidas apuntan a precisar montos, períodos y movimientos antes de adoptar una decisión procesal de mayor peso.
Adorni, además, tiene plazo hasta el 31 de julio para presentar su declaración jurada correspondiente al período fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2025. Ese documento será otro elemento importante para el expediente, ya que podrá ser comparado con los datos bancarios, patrimoniales, migratorios y de criptoactivos incorporados a la causa.
El punto que intenta despejar la fiscalía es concreto: si los gastos, las divisas y los activos virtuales tienen respaldo compatible con los ingresos declarados. La respuesta dependerá de la documentación que aporten las empresas, del informe de la DAFI y de las explicaciones que eventualmente presente el funcionario.