Ingresó al Congreso el paquete de proyectos de Javier Milei de Súper RIGI, ludopatía, Etiquetado Frontal y Ley de Lobby
El Gobierno puso primera y envío al Congreso cuatro proyectos de ley que incluyen una Ley de Ludopatía, el Super RIGI, la Ley de Lobby y la modificación al Etiquetado Frontal. El anuncio había sido hecho por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el viernes de la semana pasada.
En este escenario – y tas el envío oficial de los proyectos al Palacio Legislativo – la mesa política del Gobierno mantendrá una reunión este martes, en Balcarce 50 desde las 11, donde se buscará diseñar la agenda legislativa que busca impulsar el Poder Ejecutivo durante los próximos meses, para retomar la iniciativa y el control del debate de la agenda pública.
Según informaron fuentes oficiales a este medio, el encuentro buscará aceitar la coordinación entre los distintos sectores del Ejecutivo y el Congreso. Desde Casa Rosada, entienden que el tablero legislativo de este año requerirá un mayor nivel de articulación con aliados y bloques dialoguistas para aprobar las reformas.
El Gobierno envió cuatro proyectos al Congreso
Así las cosas, el nuevo paquete enviado por el oficialismo incluye Súper RIGI, Etiquetado Frontal, Ley de Ludopatía y Ley de Lobby siendo los primeros dos las prioridades del Ejecutivo.
Super RIGI
Según el documento oficial, la nueva versión del RIGI establece “un plazo de CINCO (5) años para la presentación de solicitudes de adhesión, prorrogable por única vez por hasta UN (1) año, y regula los sujetos habilitados, exigiendo la constitución de Vehículos de Proyecto Único (VPU) con objeto exclusivo y activos afectados únicamente al proyecto adherido”.
Entre los requisitos y condiciones para la adhesión al régimen, el monto mínimo de inversión en “activos computables” deberá ser de al menos u$s1.000 millones por proyecto. Además, deberá tener el compromiso de invertir “al menos el VEINTE POR CIENTO (20 %) de dicho monto dentro de los DOS (2) primeros años desde la Fecha de Adhesión”.
Sobre los incentivos tributarios, el proyecto establece: “Una alícuota del QUINCE POR CIENTO (15 %) en el Impuesto a las Ganancias para los VPU adheridos; un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura; la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal; una alícuota reducida del TRES COMA CINCO POR CIENTO (3,5 %) sobre dividendos y utilidades; un mecanismo de Certificados de Crédito Fiscal para la cancelación del IVA sobre inversiones en activos computables; y la exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y los productos obtenidos al amparo del proyecto”.
Además, también prevé una “alícuota única del 10% para las contribuciones patronales respecto de las nuevas relaciones laborales que se den de alta a partir de la Fecha de Adhesión”.
“El Capítulo VI regula los incentivos cambiarios, contemplando la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación —con un esquema escalonado de VEINTE POR CIENTO (20 %), CUARENTA POR CIENTO (40 %) y CIEN POR CIENTO (100 %) a lo largo de TRES (3) años desde la primera exportación— y la no obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto”, detalla el texto.
Respecto a los sectores que beneficiará el nuevo RIGI, Luis Caputo había adelantado que impactará en áreas como el refinamiento y laminado de cobre y la fabricación de automóviles eléctricos a partir de la producción local de litio. “Este nuevo RIGI puede hacer que una empresa decida una inversión de u$s20.000 o u$s30.000 millones en favor de la Argentina”, sostuvo.
Ley de etiquetado frontal
La Casa Rosada también busca empujar la derogación de la ley de Etiquetado Frontal de alimentos. La iniciativa actual ordena el rotulado de los envases y obliga a las alimenticias a colocar octógonos negros para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, entre otros ítems, en busca de promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades crónicas.
“El Capítulo VI regula los incentivos cambiarios, contemplando la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación —con un esquema escalonado de VEINTE POR CIENTO (20 %), CUARENTA POR CIENTO (40 %) y CIEN POR CIENTO (100 %) a lo largo de TRES (3) años desde la primera exportación— y la no obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto”, detalla el texto.
Respecto a los sectores que beneficiará el nuevo RIGI, Luis Caputo había adelantado que impactará en áreas como el refinamiento y laminado de cobre y la fabricación de automóviles eléctricos a partir de la producción local de litio. “Este nuevo RIGI puede hacer que una empresa decida una inversión de u$s20.000 o u$s30.000 millones en favor de la Argentina”, sostuvo.
Ley de etiquetado frontal
La Casa Rosada también busca empujar la derogación de la ley de Etiquetado Frontal de alimentos. La iniciativa actual ordena el rotulado de los envases y obliga a las alimenticias a colocar octógonos negros para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías, entre otros ítems, en busca de promover una alimentación más saludable y prevenir enfermedades crónicas.
“La gestión de intereses es una actividad legítima que permite que diferentes sectores económicos y sociales acerquen sus diferentes propuestas y necesidades a los tomadores de decisiones públicas. Este proyecto es una clara herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”, detalla el texto ingresado al Congreso.
Según el proyecto, se entenderá como gestión de intereses a “toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento, preparación o incidencia, desarrollada por personas humanas o jurídicas, por sí o en representación de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita, mediante cualquier modalidad, que tenga por finalidad influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de una decisión pública o de un proceso decisorio comprendido en el artículo 1° de la presente”.
Las actividades alcanzadas serán:
Elaboración, aprobación, modificación, derogación, postergación e implementación de leyes, actos administrativos o políticas públicas.
Procedimientos de contratación pública, concesiones, permisos, autorizaciones, licencias, habilitaciones o beneficios estatales.
Asignación, modificación o ejecución de partidas presupuestarias, subsidios, transferencias, beneficios fiscales o regímenes promocionales.
Designaciones, acuerdos, nominaciones o procesos institucionales que requieran intervención del PODER EJECUTIVO NACIONAL o del PODER LEGISLATIVO NACIONAL.
El proyecto prevé la creación del Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso público gratuito y digital. Más allá de los actores, allí también deberán registrarse los contactos de gestión de intereses mantenidos por los “sujetos obligados” por la propuesta.
En referencia a actores internacionales, los mismos deberán inscribirse en el mencionado Registro de Gestores de Intereses, además de tener que presentar información adicional obligatoria y reportes especiales.
Por último, el proyecto establece una prohibición de actuar como gestores de intereses a quienes “desempeñen funciones públicas en los términos de la Ley de ética de la Función Pública N° 25.188 y sus modificaciones.