Una jura que confirmó lo obvio: el Gobierno ya actúa más como delegación que como administración soberana
La asunción del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa terminó mostrando mucho más que un simple cambio de nombres en el gabinete.
La figura que volvió a robarse la escena no fue un funcionario argentino, sino el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, instalado otra vez en primera fila como si formara parte del staff permanente de la Casa Rosada.
Por segunda vez en una semana, el representante de la Casa Blanca fue invitado con trato preferencial a una jura ministerial.
El Gobierno celebró su presencia, lo ubicó entre la familia del ministro y hasta lo legitimó como protagonista político del acto. Para algunos, un gesto diplomático. Para cualquiera que mire sin ingenuidad, la muestra más explícita del alineamiento total que impulsa la gestión Milei.
El propio Lamelas lo dejó claro con sus gestos: fotos, pulgares arriba, sonrisas y una comodidad que no es habitual en funcionarios extranjeros dentro de ceremonias institucionales.
No vino como visitante: vino como socio determinante de la política de Defensa argentina.
La relación quedó sellada días atrás en Río Cuarto, durante la presentación de los F-16, donde Estados Unidos celebró el reordenamiento militar argentino bajo su paraguas estratégico.
Ahora, con Presti en Defensa y la cúpula de las Fuerzas Armadas reconfigurada, el rumbo es inconfundible: subordinación geopolítica directa y sin matices.
El Gobierno justifica cada movimiento como “cooperación”. La traducción es otra: dependencia. Desde presiones para destrabar compras vetadas por el Reino Unido, hasta la reinstalación de cuadros militares desplazados en la etapa kirchnerista para profundizar la coordinación con Washington e Israel, la línea es vertical.
La presencia del embajador en la jura no fue un detalle: fue un mensaje.
Y uno fuerte. En esta Argentina, los ministros cambian, pero el invitado de honor parece ser siempre el mismo. Y eso dice mucho más de lo que el Gobierno quiere admitir.